Historias de cambio
Revisa los diferentes los diferentes proyectos realizados y vigentes.
Detención de proyecto hidroeléctrico Endesa Neltume, en Panguipulli – 2014
Este fue el primer caso exitoso de trabajo colaborativo por la protección territorial, social y cultural ante proyectos abusivos de los derechos humanos. La articulación política de organizaciones indígenas y de la sociedad civil, y su trabajo utilizando diversas vías institucionales (desde lo local, generando alianzas, desarrollando gestiones con el SEA y el diálogo directo con Enel, hasta lo internacional, con la presentación del caso en la CIDH), logró proteger al territorio del que hubiera sido un proyecto tremendamente dañino. Endesa retiró el proyecto del Estudio de Impacto Ambiental.
Ante la proliferación de proyectos hidroeléctricos en La Araucanía y Los Ríos entre los años 2010 y 2015, se fue generando estrategia colaborativa y multidisciplinar para hacer frente a aquellos que implicaban amenazas contra los territorios.
Promulgación Ley SBAP con enfoque intercultural – 2023
El trabajo desde las organizaciones sociales por una Ley de Biodiversidad tomó 10 años de incidencia, y el Observatorio fue parte de ello, particularmente en cuanto a la participación e incidencia de pueblos originarios en la construcción de la ley.
Proceso por una nueva Constitución – 2013
El trabajo del Observatorio Ciudadano por la renovación democrática de la Constitución empieza con su involucramiento en la campaña “Marca tu voto” con una escuela de formación constituyente en la Araucanía. Es considerado uno de los movimientos sociales que dio origen al proceso constituyente que se estableció tras el estallido social de 2019.
En 2017 se fortalecería este trabajo con la realización de un seminario y una publicación llamados “Proceso Constituyente y derechos humanos: Los desafíos para una sociedad plurinacional”.
Inicio de presentación de informes ante el Sistema de Naciones Unidas
El Observatorio ha tenido una actoría protagónica ante el Sistema de Naciones Unidas, presentando informes alternativos a los oficiales ante el Consejo de Derechos Humanos en el contexto del Exámen Periódico Universal (EPU) al que el Estado de Chile fue sometido desde el 2009.
Se trata de un espacio de incidencia internacional para contrastar la información entregada por los Estados a las Naciones Unidas, relevando enfoques desde sociedad civil, pueblos indígenas o grupos de especial protección ante dichos organismos para que sean considerados al momento de evaluación de los Estados respecto del cumplimiento de sus obligaciones internacionales.